Controversia acaecida entre la AEAT y los TSJ en la aplicación de la reducción del 60% de los rendimientos netos obtenidos por alquileres habrá de ser dirimida por el Tribunal Supremo

Discrepancia entre la AEAT y los TSJ, en la interpretación y aplicación de la reducción del 60% de los rendimientos netos obtenidos por alquiler.

En virtud del artículo 23.2 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, (en adelante, “Ley de IRPF”), se establece un incentivo fiscal que consiste en la reducción del 60% aplicable al rendimiento neto obtenido por el arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda (rentas del capital inmobiliario).

La aplicación de dicha reducción viene condicionada a que se trate de rendimientos declarados por el contribuyente, no siendo aplicable en el supuesto de que los ingresos por arrendamientos no hayan sido declarados, tal y como establece el artículo 23.2 de la Ley de IRPF que dicta: “En los supuestos de arrendamiento de bienes inmuebles destinados a vivienda, el rendimiento neto positivo calculado con arreglo a lo dispuesto en el apartado anterior se reducirá en un 60 por ciento. Esta reducciónsólo resultará aplicable respecto de los rendimientos declarados por el contribuyente.

Por su parte, la AEAT afirma que la reducción se aplicará “respecto de los rendimientos declarados por el contribuyente”, no siendo de aplicación dicha reducción en el supuesto de que el contribuyente no hubiese declarado tales ingresos. Es decir, únicamente será admisible cuando se trate de rendimientos declarados por el contribuyente en la correspondiente autoliquidación del Impuesto, los cuales han de ser declarados previo al inicio de cualquier procedimiento de comprobación o inspección en los que se pongan de manifiesto los mismos.

Dicho criterio no es compartido por varios Tribunales superiores de Justicia, como es el caso del TSJ de Madrid y del de la Comunidad Valenciana. Ambos consideran que la Agencia Tributaria exige un requisito no previsto en la Ley, consistente en que la declaración de los ingresos se realice antes de que se notifique la comprobación de Hacienda. Además, con dicha doctrina se produce una doble “sanción” al contribuyente. Y es que no solo se le regularizará su situación, imponiéndole normalmente una sanción tributaria, sino que además se le negará la aplicación de la reducción por alquiler del IRPF. A esta conclusión se llega partiendo de la distinción que hace la Ley General Tributaria entre “declaración” y “autoliquidación” y considerando que la norma no establece expresamente que la declaración de los rendimientos se lleve a cabo incluyendo los mismos en la autoliquidación.

En este sentido, la Ley General Tributaria, en su artículo 119, estipula lo siguiente: “Se considerará declaración tributaria todo documento presentado ante la Administración tributaria donde se reconozca o manifieste la realización de cualquier hecho relevante para la aplicación de los tributos”. Por tanto, un contribuyente que en el trámite de alegaciones de un procedimiento administrativo pusiese en conocimiento de la Administración las rentas de capital inmobiliario obtenidas por el arrendamiento de un inmueble destinado a vivienda, estaría poniendo de manifiesto la obtención de los mismos y, por tanto, serían rendimientos declarados a los que les resultaría de aplicación la reducción.

Lejos de asumir esta interpretación, el TSJ de Extremadura, el de Cataluña o el de Galicia sostienen un criterio distinto y se adhieren a la interpretación de la Agencia Tributaria, considerando que no será de aplicación la reducción si el contribuyente no declaró los rendimientos en su autoliquidación.

Ante tal disparidad de criterios, el Tribunal Supremo considera que este asunto tiene interés casacional en tanto en cuanto es necesario precisar el alcance de la expresión “rendimientos declarados por el contribuyente” contenida en el artículo 23.2 de la Ley de IRPF.

En consecuencia, queda esperar la resolución del Alto Tribunal, y se aconseja recurrir cualquier liquidación que se notifique a los contribuyentes y en la que Hacienda niegue la aplicación de la reducción por el alquiler del IRPF en casos similares planteados ya que, si el contribuyente no recurre, y la liquidación deviene firme ya no podrá revisarse, aunque finalmente el Supremo declarase que los contribuyentes tienen derecho a aplicar la reducción.

 

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Etiquetas: irpf, reducción, alquileres, Tribunal Supremo