El Tribunal Constitucional establece que el Juzgado deberá volver a dictar sentencia admitiendo la valoración de las escrituras como prueba en la Plusvalía Municipal.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha declarado que los Juzgados, antes de dictar sentencia, tienen que valorar toda la prueba aportada por los contribuyentes, para no vulnerar su derecho a la tutela judicial efectiva. 

La reciente sentencia del 30 de septiembre de 2019 emitida por el Tribunal Constitucional tiene su origen en el litigio de un contribuyente contra el Ayuntamiento de Torrelodones reclamando la devolución del pago de la plusvalía municipal.

El contribuyente presentó una solicitud de devolución de ingresos indebidos por la cantidad satisfecha por el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (en adelante, IIVTNU) de 8.570,26 euros que le había girado el Ayuntamiento. El contribuyente aportaba como prueba las escrituras en las que se evidenciaba que el valor de venta (289.000 euros) era inferior al de compra (455.000 euros). Sin embargo, el Ayuntamiento desestimo la solicitud, por lo que el contribuyente interpuso recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 33 de Madrid. Este Juzgado inadmitió la prueba presentada por el contribuyente que consistían en las escrituras de venta y compra que demostraban la perdida en la compra del inmueble. Frente a esta inadmisión se impuso un recurso de reposición, el cual fue inadmitido.

Es importante tener en cuenta que este Tribunal se había pronunciado en relación con este impuesto, en su sentencia del 11 de mayo de 2017, considerando que era inconstitucional el pago del impuesto en los supuestos de venta o transmisión de un inmueble que supongan perdidas y la no obtención de ningún beneficio por la venta.

Por todo ello, el contribuyente decidió presentar recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional alegando la infracción del articulo 24.2 de la Constitución, por no valorar la prueba presentada en la demanda consistente en las escrituras notariales de la transmisión e inadmitir una prueba pericial (la declaración de un agente de la propiedad inmobiliaria). Las pruebas consistentes en las escrituras de compra y venta reflejaban que no se había producido el hecho imponible del impuesto, lo cual no se tiene en cuenta en la resolución del Juzgado. En este ultimo hecho el contribuyente ve una clara infracción del articulo 24.2 por la falta de valoración conforme a las reglas de la sana critica.

El Tribunal Constitucional en su resolución advierte de la trascendencia constitucional por ser una cuestión de orden público procesal, de relevante repercusión social y económica. Se vulnera el derecho a la prueba y a su valoración conforme a las reglas de la sana crítica contemplado en el artículo 24.2 de la CE y el derecho a una sentencia congruente del articulo 24.1 CE.

No obstante, no se considera vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva en relación con la denegación de la prueba pericial judicial solicitada. Y es que, considera el Tribunal Constitucional que la prueba fue inadmitida porque no se solicitó en la forma y momento legalmente establecidos. Para que se produzca la lesión del derecho se requiere que la prueba no admitida o no valorada, se haya solicitado en la forma y momento legalmente establecidos, y siempre que se trate de una prueba pertinente, correspondiendo al órgano judicial su apreciación. La denegación de las pruebas propuestas ha de ser motivada por los órganos judiciales, pudiendo vulnerarse el derecho fundamental cuando se inadmitan pruebas relevantes para la resolución final del litigio sin motivación o con motivación insuficiente, o bien cuando dicha inadmisión sea el resultado de una interpretación de la legalidad manifiestamente arbitraria o irrazonable. La garantía constitucional del artículo 24.2 CE no cubre cualquier irregularidad u omisión procesal, sino únicamente aquellos casos en los que la prueba sea decisiva en términos de defensa, siendo una carga del recurrente el demostrar la relación entre los hechos que se quisieron y no se pudieron probar y las pruebas inadmitidas o no practicadas; así como la argumentación de la incidencia que la admisión y práctica de la prueba podría haber tenido en la estimación de sus pretensiones. El artículo 24 CE impide a los órganos judiciales denegar una prueba oportunamente propuesta y fundar posteriormente su decisión en la falta de acreditación de los hechos cuya demostración se intentaba obtener mediante la actividad probatoria que no se pudo practicar.

En conclusión, en este caso la vulneración del art. 24.1 CE se sustenta en la falta de valoración de las escrituras de compraventa, que no fue tampoco examinada por el ayuntamiento, por lo que su valoración por el órgano judicial resultaba en este caso ineludible. El Tribunal Constitucional declara la nulidad de la sentencia dictada, y ordena la retroacción de actuaciones hasta el momento inmediatamente anterior al de dictarse la sentencia. Así, el Juzgado de lo Contencioso tendrá que dictar otra resolución en la que reconozca el contenido de las pruebas aportadas (las escrituras de adquisición y transmisión del terreno).

 

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Etiquetas: IIVTNU, plusvalía municipal, Tribunal Constitucional