Anulación del precepto que permitía a Hacienda denunciar por delito fiscal incluso después de liquidar la deuda

El Supremo anula el apartado 2 del artículo 197.bis del Reglamento de aplicación de los Tributos.

 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de septiembre de 2019, ha declarado la nulidad del apartado 2 del artículo 197.bis del Real Decreto 1070/2017, de 29 de diciembre, que modificó el Reglamento General de gestión e inspección tributaria (en adelante, RGAT).

El mentado artículo permitía que la Administración Tributaria pasara el tanto de culpa o que se remitieran al Ministerio Fiscal o al juez competente unas actuaciones de comprobación después de haberse dictado una liquidación administrativa o incluso habiendo concluido un expediente sancionador.

El Tribunal Supremo (en adelante, TS) critica este apartado de la ley considerando que la norma carece de habilitación legal suficiente y que, además, muestra su oposición a los preceptos legales que disciplinan la forma en la que debe actuar la Administración Tributaria en el momento en que aprecie que un contribuyente haya podido cometer un delito contra la Hacienda Pública.

Debido a lo anteriormente mencionado, el TS destaca el desamparo en el que podría encontrarse un contribuyente que haya sufrido una inspección, liquidado la deuda y satisfecho o recurrido una sanción impuesta y que, inesperadamente, se iniciara un procedimiento penal posterior a todo ello.

Asimismo, el TS considera que dicho apartado es contrario a los dos principios de los derechos de los contribuyentes: la confianza legítima y la prohibición de la duplicidad sancionadora (“non bis in idem”).

Por otra parte, la estimación parcial del recurso se debe a que el TS rechaza la impugnación que la AEDAF, parte demandante, realizaba de los artículos 71.4 h), y 171.3 del Reglamento. En concreto, del artículo 74.1 apartado h), en el que se incluyen las multas penales entre las obligaciones tributarias que no deben tener pendientes los contribuyentes para que se le pueda expedir un certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias, la Sentencia establece que no incurre en la infracción denunciada. En este sentido, el TS entiende que no cabría la negación de la expedición del certificado de estar al corriente de obligaciones tributarias en el caso en que las multas penales hubieran sido objeto de fraccionamiento, aplazamiento o suspensión. A pesar de dicha interpretación, no lleva al TS a la anulación dicho apartado.

Por otra parte, en relación con el artículo 171.3 del RGAT, en el que se posibilita que los contribuyentes puedan aportar documentación en papel en los procedimientos de inspección, la sentencia indica que el instructor deberá admitir dicha documentación si esta legalmente apta. Por lo contrario, deberá rechazarla si a información que se aporta carece no es legalmente apta. Para no dejar dudas respecto a la forma de actuar en relación con el mencionado artículo, el TS recalca que no es posible rechazar la inclusión de documentos por el mero hecho de que sean entregados presencialmente. Dicha interpretación conlleva a que la decisión de admisión de documentación en papel a un expediente no quede en manos del funcionario instructor, sino que éste estará obligado a incorporarlo siempre y cuando fuera documentación idónea para el expediente.

En resumen, la nueva sentencia del TS conlleva la anulación del apartado 2 del artículo 197.bis del RGAT que implica el recorte de la facultad que disponía Hacienda para remitir a la Fiscalía delitos fiscales.

Además, dicha sentencia realiza una interpretación de otros dos artículos del RGAT a los que, a pesar de no anular, aporta una interpretación a beneficio del contribuyente.

 

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Etiquetas: Tribunal Supremo, Reglamento de Gestión e Inspección Tributaria, anulación